Obra pública en CABA: financiamiento a cambio de expulsión territorial

Obra pública del GCBA.
Obra pública del GCBA.

Es de público conocimiento que el leit motiv de campaña del PRO en estos últimos años de gobierno, y durante los sucesivos comicios, ha sido la inversión en grandes obras de infraestructura.

El Paseo del Bajo, el Metrobús, la instalación de cloacas, la reconversión de algunos pasos a nivel e incluso el proyecto de soterramiento del Sarmiento –abandonado previamente a las elecciones- componen un mapa que hasta encontró al ex presidente de la Nación, hace escasos meses, tocando el asfalto como muestra del modo en que el Estado debería intervenir para mejorar la vida de los ciudadanos.

Mostrar ante las cámaras, viralizar en las redes, inaugurar incluso hasta un portal exclusivo (www.buenosaires.gob.ar) a través del cual se pretende “trasparentar” el modo en que las partidas destinadas por el gobierno impactan directamente sobre la ciudadanía. Y mostrar cuando más se lo necesita, por supuesto. Tal y como señala Diario Perfil, “los datos oficiales marcan que en los primeros seis meses de este año el Gobierno nacional destinó más de $86.000 millones. En niveles de ejecución, en lo que refiere a aeropuertos, rutas, trenes y transporte en general alcanza el 48,17% y en vivienda, infraestructura urbana y obras de agua potable y cloacas, y trabajos hídricos el 49,43%, según datos oficiales” (1).

Todos los hombres del presidente

Sin embargo, razón tienen quienes sospechan que nada en esta vida es gratis… Y que generalmente, siempre son los mismos los que se apostan delante de las ventanillas para formar la larga fila de los que pagan. Si bien la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires –con Horacio Rodriguez Larreta cuidando el legado del Ingeniero, y dispuesto a ser reelegido a toda costa- aprobó un proyecto de ley de regulación de la obra pública, con un registro de contratistas, en noviembre del año pasado, el buen gesto habría llegado bastante tarde. Porque, como veremos a continuación, los grandes negociados del macrismo ya incluían a antiguas caras del empresariado argentino, no precisamente reconocidas por su bonhomía y vocación de servicio.

Si el gobierno de Alfonsín fue testigo de la formación de los primeros grupos económicos en la Argentina, y el de su sucesor marcó la etapa de afianzamiento de los mismos y ramificación del área de sus inversiones, la actualidad nos mostrará que en realidad esos oligopolios siguen gozando de una excelente salud. El selecto “club de la obra pública” abre sus puertas a pocos pero íntimamente conocidos empresarios del espectro privado. Más de la mitad del presupuesto otorgado en el año 2018 por la Ciudad de Buenos Aires – según lo confirma la web a la que se ha hecho mención previamente- ha terminado en los bolsillos de tan solo siete empresas, entre las cuales se destacan el Grupo Roggio (de Benito Roggio), Fontana Nicastro en unión transitoria con IECSA (vendida no hace mucho por el primo del ex presidente, Angelo Calcaterra), o Techint. Porque, a pesar de encontrarse involucradas en la tristemente célebre “Causa de los Cuadernos” por el supuesto pago de coimas a funcionarios públicos, al igual que Caputo SACIF (presidida por el ex funcionario del PRO, Luis Caputo), el gobierno de la Ciudad les permitió en ese mismo año participar de licitaciones… Que por supuesto ganaron.

Plata quemada

Pero no todo traspaso de inversiones a manos de privados se traduce automáticamente en un abaratamiento de los costos para el Estado, por supuesto. Y todos sabemos que magros son siempre los recursos obtenidos por parte de la ciudadanía –a la cual el impuesto municipal le ha ido pesando cada vez más con el pasar de los años-, por lo que muchas veces se debe recurrir a otro tipo de fuentes de financiamiento. Pero por suerte, hasta hace algunos meses, para Rodriguez Larreta ello implicaba apenas un llamado telefónico. Y es que entre sus acreedores, se encontraba el mismo gobierno nacional. Según señaló el ministro de economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, “ por cada peso invertido por Nación en su provincia, hay 3 pesos invertidos en Córdoba; 5 pesos invertidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 6 pesos en la provincia de Buenos Aires”. Un federalismo puesto en boca del ex presidente durante su campaña por el país, pero que no se constata en los hechos. Al amigo todo; al enemigo, ni justicia.

No obstante, los mega emprendimientos de la Ciudad requieren de partidas aún más cuantiosas. Pero el manual del PRO tiene una solución para cada problema: tomar deuda pública. Porque como con impuestos solos, ni transferencias del ejecutivo solas, alcanza, ha llegado la hora de ser buenos alumnos y tocar las puertas de aquellos que ven con buen gusto a las gestiones de gobierno “modernas y eficaces”. Será por eso que la deuda de Buenos Aires se incrementó en un 419% desde la llegada del PRO hace ya trece años, en un monto que equivale “actualmente al 75 por ciento de los recursos tributarios propios y pasó de destinar el 1 al 8 por ciento del gasto del Presupuesto en intereses de deuda” (2).

  Y el problema no es solo el creciente monto de la deuda, sino la moneda en que fue contraída la misma. En el 2008, el 44% estaba en manos de acreedores privados, pero tan solo ocho años después ese porcentaje se incrementó a un 82,5%. Y este dato, en un país en que el peso se ha devaluado respecto al dólar en los últimos cuatro años en un porcentaje que ronda el 500%, no es para nada menor. Ya desde el 2018, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba previendo que su capacidad de pago se vería mermada a menos que la carga impositiva –que impacta directamente en el bolsillo de sus vecinos- fuera aumentada. Se ve que por ese motivo, a un aumento del 38% en Alumbrado, Barrido y Limpieza, se suma un 90% en estacionamientos y acarreos, 58,4% destinado a compañías de provisión eléctrica y 54% en multas de tránsito (3). Entre los rubros a los que se destina inversión estatal, bien al fondo de la lista se encuentran educación, vivienda, salud y cultura.

Gentrificación es el nombre del juego

Si en los años noventa, el periodismo hacía referencia al proceso de privatización compulsiva de empresas del Estado como una “venta de las joyas de la abuela”, siguiendo la misma metáfora aquí estaríamos hablando del remate del terreno donde se hallaba la casa de la anciana en cuestión. No ya en el afán de obtener dólares de la manera más rápida y sencilla para inyectar a una economía en decadencia, sino como una forma de saldar deudas a través de la venta de tierras fiscales altamente codiciadas por los desarrolladores inmobiliarios. El proceso de gentrificación –que implica el desplazamiento de una población de escasos recursos, para el aprovechamiento del territorio con vistas a su ocupación por sectores de mayor nivel adquisitivo- ha sido la solución que los dirigentes del PRO han encontrado para saldar sus deudas. Las constructoras y agentes inmobiliarios, aquellos protagonistas de la primera parte del presente artículo, reaparecen aquí como los jugadores privilegiados en un negocio de alta rentabilidad.

Así, el Ejecutivo nacional le cedió a la Ciudad de Buenos Aires doce terrenos públicos, que ascienden a la para nada despreciable suma de U$D 168.000.000, con el objetivo de cancelar un monto restante del empréstito contraído con la Corporación Andina de Fomento para la construcción del Paseo del Bajo (4). Otra de las fuentes de financiamiento fue la venta de uno de los predios ferroviarios de Retiro. De los doce terrenos cedidos actualmente, uno de ellos es donde se encuentran instalado actualmente el Mercado de Hacienda de Mataderos –donde se erigirá un polo gastronómico y se construirán edificios-, otro es un galpón del ferrocarril situado en la intersección de Avenida Corrientes y Dorrego, aunque los que generan más polémica son aquellos emplazados en la villa 31 y 31Bis, por las intenciones de desalojar y reubicar a parte de los vecinos allí radicados.

El desplazamiento de los habitantes de las villas porteñas no aporta ninguna novedad en su historia; de hecho, allá por 1977, con la promulgación de la ordenanza 33.652, se comenzó a erradicar los asentamientos precarios de barrios como Belgrano, Colegiales y Retiro (5). Todos sus ocupantes fueron velozmente reubicados en el conurbano bonaerense, salvo raras excepciones de vecinos que –escapando a la lógica de los acuerdos individuales que los funcionarios de la Ciudad trataban de gestionar- lograron interponer recursos de amparo y permanecer en sus viviendas. La villa como una problemática de estética urbana, pero también relacionada con el siempre presente temor que genera la inseguridad, sigue formando parte del imaginario de la clase media y media-alta que se apura a celebrar este tipo de acciones.

Un poco más aquí en el tiempo, y siguiendo una cronología que tiene como estrella principal a la organización de parte de los habitantes de las villas, nos encontramos con la sanción de la ley 3343 de urbanización de la Villa 31 Y 31Bis –precisamente emplazada en el terreno que se le quiere ceder al BID- y la firma del dictamen por parte de la Mesa de gestión y planeamiento multidisciplinaria y participativa que fue presentado a la legislatura en tres oportunidades: 2011, 2013 y 2015. Cuando en el 2019 el PRO da el quórum para tratarla, sucede lo esperable. Sin respetar su esencia original, el tándem integrado por los partidos Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, junto con algunos aliados del antiguo Partido Socialista, proyecta la edificación de dos ministerios (Desarrollo Social y Educación), un edificio-puente que comunicará la zona con el barrio de Recoleta cedido al BID, un predio para el banco Santander Rio y un Mc Donalds, pero nada se menciona acerca de los reclamos por mejoras en las viviendas ya existentes, así como tampoco se planea emplazar bibliotecas, no habrá instalación de servicio de gas como tampoco de cloacas, ni se ampliarán los espacios verdes para los habitantes del barrio. El mismo curso seguirían los asentamientos en la villa Fraga (Chacarita), la villa 20 (Lugano), así como el barrio Papa Francisco y la Rodrigo Bueno.

La lentitud con la que los legisladores del PRO se empeñan en tratar los proyectos dentro del recinto, curiosamente contrasta con la velocidad con la que se manejan cuando se trata de desalojar y derrumbar las viviendas construidas por los habitantes de la villa. Con prácticas que más remiten a tiempos dictatoriales de la historia de nuestro país, el gobierno corta el suministro eléctrico por las noches, para sacar a la fuerza y demoler las precarias viviendas de quienes no han sido “bendecidos” con la escritura. Por supuesto que todo esto acontece en un clima de violencia, en el cual se ha registrado el robo o la destrucción de herramientas de trabajo de los vecinos.

Otra de las aristas de la problemática asociada a la reubicación de los habitantes de estos barrios, tiene que ver con qué se les ofrece a quienes desean abandonar sus viviendas actuales. Los complejos habitacionales que la Ciudad otorga se encuentran hipotecados –con cláusulas que establecen que se puede desalojar a los ocupantes de las nuevas viviendas si se atrasan más de dos meses en el pago de la cuota-, las tarifas de los servicios están dolarizadas y corre para el incumplimiento en los pagos lo mismo que con la hipoteca, al mismo tiempo que no se pueden desempeñar actividades comerciales en el lugar. Las nuevas viviendas no cuentan con instalación de gas, los materiales constructivos son de dudosa calidad, y se exige además el pago de expensas. Cabe preguntarse, entonces, acerca de dos cuestiones. La primera es qué expectativas realistas existen de que vecinos que trabajan en condiciones de precariedad y perciben bajos ingresos mensuales puedan afrontar una serie de gastos en constante aumento, sin poder gestionar emprendimientos comerciales propios en los nuevos espacios. Y por último, si la organización de los vecinos, la toma de conciencia, y la visibilidad que puedan darle al incumplimiento de las autoridades frente a un derecho tan básico como el de la vivienda, podrá hacerle frente a la avanzada de los negociados del gobierno de la Ciudad, que a estas alturas parece más una escribanía que cualquier otra cosa.

Por: Manuela Expósito (Lic. Ciencia Política – U.B.A.)

Fuentes consultadas:

  1. DIARIO PERFIL. “Macri aceleró la ejecución de las obras públicas antes de las elecciones”. Buenos Aires. Recuperado de: https://www.perfil.com/noticias/politica/macri-acelero-la-ejecucion-de-las-obras-publicas-antes-de-las-elecciones.phtml
  2. NUESTRAS VOCES. “La deuda de Larreta en la ciudad no para de crecer”. Buenos Aires. Recuperado de: http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-deuda-de-larreta-en-la-ciudad-no-para-de-crecer/
  3. PÁGINA 12. “Más impuestos, más deuda, menos obras”. Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/158857-mas-impuestos-mas-deuda-menos-obras
  4. CLARÍN. “Venderán tierras para urbanizar la Villa 31 y pagar el Paseo del Bajo”. Recuperado de: https://www.clarin.com/ciudades/venderan-tierras-urbanizar-villa-31-pagar-paseo_0_g_JOixDzV.html
  5. LUJÁN MENAZZI CANESE. Ciudad en Dictadura. Procesos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar”. Recuperado de: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-429.htm

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