Universidad de Buenos Aires: la educación superior frente a la gratuidad y la equidad.

Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires.

Suprema casa de estudio con reconocimiento por su calidad formativa a nivel internacional, hogar de premios Nobel argentinos, pero también terreno de disputas políticas y rebeliones estudiantiles que han atravesado sus casi dos siglos de vida, la Universidad de Buenos Aires se encuentra celebrando siete décadas desde uno de los acontecimientos más importantes de su historia.

Y es que el pasado 22 de noviembre se rememoró el día de la gratuidad de la enseñanza universitaria en nuestro país; algo que muchos dan por sentado, ha sido producto de una lucha que no siempre encontró eco en las autoridades nacionales. Por eso, es de suma importancia repasar aquellos hitos que han llevado a la Universidad de Buenos Aires a ser una entidad de excelencia académica, de carácter gratuito, autónomo, con notables centros de investigación y extensión universitaria, siguiendo un criterio democrático con pluralidad ideológica de cátedras, y apertura a estudiantes de todas las clases sociales. Asimismo, se pondrá la lupa paralelamente en lo ocurrido en otras universidades nacionales, a modo de trazar un correlato entre lo que acontecía en Buenos Aires y el resto del país.

Su relación con el Estado y la Sociedad Civil –en ocasiones tensa, crítica, pero también dialógica, transformadora- será aquello que nos ayudará a comprender las motivaciones detrás de la decisión de Juan Domingo Perón durante su primera presidencia, de decretar el no arancelamiento de la U.B.A. Decisión ésta que se podría sindicar como continuadora de una tradición iniciada por el propio estudiantado en la Universidad de Córdoba en 1918, cuna de la Reforma Universitaria, profundizada luego durante la gestión de Jorge Alberto Taiana como Ministro de Educación durante la “primavera camporista”, atravesando la cruda represión de la dictadura, hasta toparse de bruces con la reacción neoliberal de los años noventa.

1918: El estudiantado al poder.

Tras las elecciones de 1916, Argentina no volvió a ser el mismo país. Su recientemente inaugurada democracia, luego de la sanción de la Ley Saenz Peña, llevaba al radical Hipólito Yrigoyen a la presidencia. En paralelo a ello, una sociedad con gran afluencia de inmigración europea comenzaba a dar sus primeros pasos dentro de los claustros universitarios. Los ideales socialistas comenzaron a propagarse rápidamente entre sus estudiantes, quienes –tras la fundación de la Federación Universitaria de Buenos Aires- comenzaron a organizarse para interpelar de distintas maneras a las autoridades académicas. Una de esas figuras sería Manuel Ugarte, quien denunciaba por aquel entonces la injerencia cultural de la oligarquía en la confección de los contenidos y planes de estudio.

Pero en Córdoba la situación se había tornado bastante más álgida que en la ciudad portuaria. La Universidad Nacional de dicha provincia, con una impronta mucho más conservadora y con una fuerte influencia de la Iglesia, encontró una posición idénticamente virulenta por parte de quienes aspiraban un título universitario. Las críticas pegaron de lleno en un grupo muy cerrado de dirigentes, con miembros que parecían designados de manera vitalicia, partiendo del pedido de reforma del Estatuto y concluyendo con la exigencia de una renovación que acercara los contenidos al avance de la ciencia, así como de la participación del alumnado en el gobierno universitario. La movilización estudiantil, las sucesivas huelgas que no pudieron ser desactivadas a pesar de las intervenciones de José Nicolás Matienzo y de José Salinas, fueron acompañadas en papel por el Manifiesto Liminar, que rezaba

“Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes” (1).

Si hubo dos clivajes que atravesaron el espíritu de la Reforma –además de la ingente necesidad de participación de los estudiantes en el gobierno universitario- esos fueron los que se pueden identificar como “arancelamiento/gratuidad” y “acceso con cupos/irrestricto”. Frente a una visión liberal que instaría mucho tiempo después a que el ámbito universitario procurara sus propias fuentes de financiamiento, ya sea por el establecimiento de una cuota o matrícula, o recurriendo a entidades privadas, emerge la defensa de la educación superior como continuadora natural de las instancias primaria y secundaria y por ende un derecho básico. Frente a la imposición de exámenes de ingreso, que sirvan para filtrar estudiantes de acuerdo a niveles educativos previos de diferenciada calidad, la posibilidad de acceder a las carreras de manera más equitativa. Si bien estas cuestiones continuarían irresolutas durante algunos años, aunque reivindicadas con tenacidad por diputados socialistas como Alfredo Palacios (2), sería recién a partir de 1946 cuando comenzarían a tornarse una demanda a ser satisfecha por políticas de Estado.

La primera presidencia de Perón: la inclusión educativa como prioridad.

La Universidad de Buenos Aires había conquistado para sus estudiantes el acceso gratuito; sin embargo, si se analizaba su composición en aquel entonces, se hacía bastante evidente que el grueso de quienes se titulaban tenían sus orígenes socio-económicos en la clase media y media/alta. Las desigualdades aún existentes en la sociedad ponían en tensión aquel derecho tan celebrado, planteando un interrogante acerca de la cuestión de la equidad educativa, en tanto ésta “apunta a considerar el efectivo acceso, lacompensación de las desigualdades, la permanencia y los resultados de aprendizajesignificativos. Por lo tanto, la equidad educativa a la que hace referencia el artículo 75, inciso 19, prescribe la necesidad de tomar medidas para que, a través del apoyo pedagógico, económico y social, los estudiantes de los sectores más postergados de la población puedan permanecer en las aulas y lograr resultados iguales en relación con los demás estudiantes provenientes de otras estratificaciones sociales más aventajadas” (3).

Atendiendo esta problemática, la formulación del Primer Plan Quinquenal, un año después de la asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia, contempló la necesidad de garantizar directamente el derecho al acceso gratuito de aquellos estudiantes de bajos ingresos, mediante el financiamiento estatal. En esa dirección, se funda el Ministerio de Educación de la Nación, y entra en vigencia el decreto presidencial 29.337, el 22 de noviembre de 1949, mediante el cual el Estado nacional aparece como la principal fuente de recursos para dotar a las universidades públicas de todo lo necesario para su correcto desempeño. El resultado de la anulación del arancelamiento y la promoción de la continuidad de los estudios una vez concluido el nivel secundario, fue un aumento exponencial en la matriculación: “según datos del Ministerio de Educación de la Nación, en 1945, la matrícula era de 47.400 estudiantes; en 1950 de 80.445; en 1955 de 138.317, y así fue subiendo notoriamente hasta el año 1975 que ya contaba con una matrícula de 487.389 estudiantes, número que disminuyó drásticamente, tras el golpe de Estado del 76. Claramente, uno de los grandes cambios que la gratuidad trajo a la universidad fue permitir o facilitar el acceso a ciertos grupos que antes no podían hacerlo” (4).

Cinco años más tarde, en 1954, se aprueba en el Congreso la Ley Orgánica de Universidades, número 14.297, que desde su primer artículo reza “las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social”, impulsando “la organización de la investigación científica, la creación y sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones y actividades científicas, literarias y artísticas”, señalando a su vez que “los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado” (5).

A esto se sumaba la creación de un establecimiento educativo que respondería a las necesidades fruto de los avances técnico-industriales en la sociedad argentina de mediados del siglo XX. La Universidad Obrera Nacional, sustentada por la sanción de la Ley 13.229 y dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje, que tenía por finalidad “proporcionar a la industria de técnicos competentes y especializados para facilitar a los obreros el acceso a superiores condiciones de vida y de trabajo y la capacitación necesaria para el desempeño de actividades de mayor responsabilidad en el orden técnico” (6). Esta institución, que otorgaba a sus estudiantes el título de Ingeniero de Fábrica y tenía sedes regionales en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán, sería ni más ni menos que la génesis de la génesis de la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.), fundada por iniciativa del desarrollismo frondizista en 1959.

De largas dictaduras y débiles democracias: la Universidad y el pensamiento popular.

El retroceso sufrido desde el golpe de Estado de 1955 con la anulación de los avances hechos durante los dos gobiernos peronistas, se consolida con la promulgación de la Ley 6403/55, cuyo artículo 28 define que la iniciativa privada puede crear universidades libres. Ésto lleva a la Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria de Buenos Aires a salir a la calle, tomar facultades para impedir su aplicación, en una gesta que tiene como resultado la renuncia del rector de la U.B.A., José Luis Romero, y la del Ministro de Educación, Atilio Dell´Oro Maini. La discusión sobre “laica o libre”, que atravesó el gobierno de Arturo Frondizi, fue la secunda estocada que dio la Iglesia –interesada en fundar instituciones donde se pudieran impartir enseñanzas religiosas-, y fue lo que permitió el desembarco de la gestión privada en el ámbito universitario. La conocida “Ley Domingorena” autorizaba durante la gestión del desarrollismo a que las universidades privadas expendieran títulos habilitantes, aunque sin financiamiento estatal.

Tras el derrocamiento del segundo gobierno radical de la década del sesenta con el doctor Arturo Illia en la presidencia, por parte de Juan Carlos Onganía, uno de los acontecimientos más escandalosos tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires, con una crudeza inusitada en la Facultad de Ciencias Exactas. La “Noche de los Bastones Largos” trasladó la represión dictatorial de las calles ya militarizadas a las aulas de la U.B.A., ocasionando que muchos de los académicos formados en nuestro país se exiliaran en el extranjero. La censura, y la persecución ideológica, nuevamente reaparecieron como escollos que debió vencer un estudiantado cada vez más comprometido con una realidad en donde la violencia escalaba de manera constante.

Recién hacia 1973, con la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia, y la llegada de Rodolfo Puiggrós al rectorado, comenzaría un profundo cambio orientado a re-vincular a lo académico con lo popular. Con el retorno de la democracia en ese mismo año, vuelve a plantearse como objetivo el ingreso irrestricto y no arancelado al ámbito universitario. Doce meses después, se eleva al Congreso un proyecto de ley que contempla ambas reivindicaciones, pero que además propone un plan de cien mil becas para que trabajadores e hijos de trabajadores pudieran ingresar y permanecer en la universidad. La Ley de Universidades Nacionales, también conocida como “Ley Taiana” por haber sido impulsada por el Ministro de Educación Jorge Alberto Taiana (a su vez, ex decano de la Facultad de Medicina y rector de la U.B.A.), “proponía un sistema educativo que fuera artífice del proceso revolucionario en lucha contra la dependencia cultural y económica” (7), pero además posibilitaba el ingreso a mayores con estudios primarios o secundarios inconclusos, mayormente provenientes de las clases trabajadoras. Se anulan los exámenes de ingreso y se establece un sistema de becas estudiantiles, así como se le permite tener representación a los no-docentes.

Durante su gestión en el rectorado de la U.B.A., Puiggrós resultó acompañado por aquellos docentes que integraban años atrás las Cátedras Nacionales en la Facultad de Filosofia y Letras, en las que la tradición teórica marxista se encontraba con el pensamiento latinoamericano de la época. Su currícula denunciaba el colonialismo cultural, incorporaba autores originarios del Tercer Mundo, articulaba los esfuerzos académicos con el proceso de cambio que se daba a nivel continental, instaba nuevamente a la apertura de todos los concursos y denunciaba la incompatibilidad del ejercicio docente con la actividad laboral en empresas de capitales extranjeros (con la ley 20.654, se procede a rescindir los contratos entre la U.B.A. y varias empresas trasnacionales, como Ford). Desde la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), dirigida por Arturo Jauretche con la compañía de Norberto Galasso y Rogelio García Lupo, se edita la edición “América Latina Unida y Libre” con colecciones que recuperan las experiencias de luchas populares a nivel regional.

Todos estos avances fueron clausurados tras el golpe de Estado liderado por la Junta Militar en 1976, cuya primera medida en el terreno educativo fue la de sancionar la Ley 21.276, que no sólo restringe el ingreso a las carreras universitarias a través del establecimiento de cupos, sino que también vuelve a instaurar los aranceles. A eso se sumó una política del terror, traducida en secuestros, tortura y desaparición de docentes y estudiantes con militancia política o social, o que se expresaran en contra de la dictadura. Entre sus artículos, hay dos que resultan significativos en ese sentido: el número 7 que rezaba “queda prohibido, en el recinto de las universidades, toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil y no docente”, así como el número 12, que definía como “incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, todas aquellas actividades que se aparten del propósito y objetivos básicos fijados para el proceso de reorganización nacional” (8).

El resultado de tales políticas se puede constatar rápidamente al evaluar la forma en que cayó la cantidad de estudiantes en las universidades nacionales, en un porcentaje de 8,6% en tan solo un año (de 1977 a 1978). Fue el único período de la historia académica argentina en que se registró un crecimiento negativo, fenómeno que se revertiría recién con la recuperación de la democracia en 1983. Al momento de la asunción del doctor Raúl Alfonsín, la Universidad de Buenos Aires contaba con 338.512 estudiantes; tan sólo dos años después, la cantidad aumentaría a 582.512, lo cual representó más de un 70% de incremento, en una tendencia que se mantendría en las décadas posteriores.

El legado de los años neoliberales: la L.E.S. (aún) en vigencia.

Tras la primera elección de Carlos Menem, y con la puesta en marcha de una serie de políticas destinadas al control de la hiperinflación heredada del alfonsinismo, al recorte del gasto público, la descentralización de recursos y la supuesta búsqueda de mayor “eficiencia” en lo referente a la esfera estatal, la Universidad de Buenos Aires se convertiría una vez más en un terreno en disputa. No obstante, entre sus autoridades y las que ocupaban el Poder Ejecutivo, se evidenciaba una paradoja: mientras en el ámbito universitario los puestos de poder estaban en manos del radicalismo (rectorados, consejos, centros de estudiantes), el peronismo resultaba la fuerza mayoritaria a nivel provincial y nacional.

Pero, como quedó claro tras el acercamiento entre el peronismo y el radicalismo inaugurado con el Pacto de Olivos, nada de esto iba a resultar una dificultad al momento de promulgar durante el segundo mandato menemista la Ley 24.521 de Educación Superior (L.E.S.). En consonancia con los aires neoliberales que atravesaban el resto del continente, el discurso centrado en una supuesta “calidad educativa” como objetivo central, se proponía avanzar por sobre todas aquellas conquistas que sostenían la democratización como valor principal. La lectura de una autonomía académica fundada en la autarquía financiera –tal y como se aprecia en su artículo 59- se tradujo rápidamente en un desfinanciamiento grosero de la universidad pública, a la que se “invitaba” a arancelar sus carreras. De esta manera, concluía un ciclo histórico de vinculación Universidad-Estado, para inaugurarse uno en que la relación se estrecharía con otros actores, como el mercado.

El principal movimiento de resistencia contra la aplicación de la L.E.S. fue encabezado por el estudiantado de la universidad pública, sus rectores y profesores, aunque también encontró la oposición de un sector minoritario en el Legislativo. No había que ser adivino para anticipar lo que esta ley, impulsada por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en todo el continente, implicaba en el corto plazo: el desfinanciamiento estatal de la educación y la actividad científica, la expansión de las instituciones privadas en el sector, el arancelamiento de las maestrías y posgrados –esenciales para la especialización de las carreras-, y la aparición de la figura del docente ad-honorem, o mal remunerado, que debe trabajar en una infinidad de establecimientos para poder obtener un salario digno.

Comparativamente, y como resultado de ello, “Argentina es uno de los países dentro de una muestra de la OCDE, que menos inversión realiza en la educación superior y en la educación universitaria. El porcentaje que invierte con respecto al Producto Bruto Interno es menor que otros países de América Latina con menor ingreso per cápita como Chile, Brasil, Venezuela y México. El promedio de la mencionada muestra para la educación superior es del 1,3% del PBI, en cambio Argentina invierte el 0,95% del PBI” (9). Frente a Estados Unidos, nuestro país cuenta con un nivel de inversión en la educación superior ciento ochenta y nueve veces menor. El impacto de ello se ha apreciado en el declive de la actividad en el sector científico y cultural, en las artes y las letras, así como en las ciencias humanísticas y sociales. En algunos casos, el estudiantado se ha orientado a la abundante oferta de carreras cortas, destinadas a abastecer al sector de servicios, o con salida laboral asegurada.

Recién a partir del 2003 y hacia el 2011, la situación presupuestaria es revisada, implicando un aumento de la inversión estatal educativa de un 3,86% a un 6,47%, que puesto en números implica un incremento de 1.800 a 14.500 millones de pesos (10). Tanto en nuestro país, como en Brasil y México, la educación pública es la que mayor demanda continúa teniendo en la actualidad, lo cual explica por qué el presupuesto destinado a ella continúa siendo insuficiente. Si nos centramos exclusivamente en el ámbito universitario, encontramos que “en relaciónal PBI de cada país, el presupuesto destinado a educación superior es el más bajo. En el promedio de los países de la OCDE, el porcentaje llega al 1,7%, con países como Canadá, Noruega o Nueva Zelanda que destinan más del 2,5% del PBI. En América Latina, mientras tanto, el promedio ronda el 0,7%, de acuerdo a datos de 2006. Argentina dispone 0,6%, Brasil 0,7%, Chile 0,3%, Uruguay 0,2%. Las excepciones son Bolivia que aporta 1,4% y Cuba 2,2%” (11).

Otra cuestión todavía pendiente es la de la equidad, en tanto la composición socio-económica del estudiantado refleja una preeminencia de las capas medias y altas, relegando a aquellos trabajadores pertenecientes a los estratos sociales más bajos. El gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner ha encarado este aspecto desde un punto de vista meramente económico, y de manera insuficiente, mediante un Programa Nacional de Becas Universitarias destinados a sectores de la población de escasos recursos. Así, en principio se otorgaron “unas 11.000 becas (…), lo cual es muy inferior a las becas otorgadas por Brasil, México y Chile, entre otros. El monto otorgado es muy bajo ($240.- por mes) y no aumentó con el tiempo pese a la alta inflación de los últimos años. En 2009, sin embargo, comenzó un programa denominado Becas Bicentenario, dirigido a una población similar, pero destinado a cursar carreras prioritarias (en general, vinculadas a la ingeniería, física, matemática) (12)”.

Ello se tradujo en una positiva revalorización del sector de la ciencia y tecnología, aunque se efectuó a costa de otras orientaciones; asimismo, estas decisiones no han tenido un correlato en el cambio de la composición del estudiantado en el ámbito de la educación superior, dejando sin resolver el tema de la igualdad y la movilidad social ascendente que podría favorecer una mayor afluencia de los sectores históricamente postergados. A 70 años de la gratuidad, pero también a 24 años de la L.E.S., nos debemos aún un claro debate acerca de qué tipo de Universidad pública queremos, y cómo podemos articularla con las nociones de inclusión y de equidad, en una sociedad cuyos niveles de marginalidad y pauperización han crecido notablemente tras la gestión de Mauricio Macri, y en que la exclusión parece haberse transformado en una norma corriente.

Por: Manuela Expósito
Licenciada en Ciencia Política (U.B.A.)

Referencias bibliográficas:

  1. VV.AA. (1918). Manifiesto Liminar. Universidad de Córdoba. Recuperado desde: https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar
  2. LAUS, IVONNE (2012). El ideario socialista en la Universidad. Argentina y España. Apuntes para una educación comparada. En Revista Argentina de Educación Superior. Año 4, número 4.
  3. LAISE, LUCIANO DAMIÁN (2018). La interpretación constitucional del principio de gratuidad y equidad en la educación universitaria argentina. En Revista Universidad y Sociedad.
  4. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Recuperado desde: http://www.uba.ar/noticia/19685. Consultado 25/11/2019.
  5. BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTRO. Recuperado desde: www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos. Consultado 26/11/2019.
  6. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO. FACULTAD DE DERECHO. Recuperado desde: www.der.unicen.edu.ar/uploads/resoluciones/leyes/13229_Universidad_Obrera_Nacional.pdf . Consultado 26/11/2019.
  7. BENENTE, MAURO (Comp.) (2019). Donde antes estaba solamente admitido el oligarca. La gratuidad de la educación superior, a 70 años. Edunpaz Editorial Universitaria.
  8. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO. FACULTAD DE DERECHO. Recuperado desde: www.der.unicen.edu.ar/uploads/resoluciones/leyes/decley_21276.pdf . Consultado 27/11/2019
  9. MOLLIS, MARCELA (2008). Las reformas de la educación superior en Argentina para el nuevo milenio. En Avaliação Campinas. Volumen XIII, Número 2.
  10. CONEAU (2012). La CONEAU y el sistema universitario argentino. Memoria 1996-2011.
  11. NINO, EZEQUIEL (2011). La desigualdad en el acceso a la educación universitaria argentina. En Lecciones y Ensayos, Número 89.
  12. NINO, EZEQUIEL (2011). La desigualdad en el acceso a la educación universitaria argentina. En Lecciones y Ensayos, Número 89.

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